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Sobre la Ley 7/2017 relativa a la Resolución alternativa de litigios en materia de consumo

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El día 4 Noviembre se publicó la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Recordemos que las resoluciones extrajudiciales en materia de consumo habían quedado fuera de la Ley 5/2012, de 6 Julio, sobre Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, en su Disposición Final Séptima.  Para el consumidor es fundamental no sólo tener una seguridad jurídica sobre los contratos que firma, sino sobre todo poder  asegurarse que cualquier incidencia surgida en ese ámbito pudiera tener una respuesta rápida, con seguridad jurídica y asequible a toda la ciudadanía; y para ello la  MEDIACIÓN, cómo método extrajudicial de conflictos es la mejor fórmula

 

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En la ley constituye pieza fundamental las llamadas  “entidades de resolución de litigios”, que deberán estar siempre acreditadas – a través de un proceso farragoso por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y por la propia Comisión Europea.   De la misma forma aparecen las llamadas “entidades de supervisión”, conformadas por el  Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros,  Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Serán las entidades de resolución de conflictos las que se encargarán de temas financieros, cuya regulación SÍ se establece como obligatoria, frente al resto de  conflictos de consumo,  cuya regulación NO es obligatoria, tales como resolver un conflicto con el pequeño comerciante -con quien realizamos diariamente toda la ciudadanía relaciones de consumo-, para quienes sigue siendo voluntario adherirse, incluso con grandes compañías como operadores de telefonía, encontrándose el consumidor de nuevo sin posibilidad de resolver su problema a través de ningún método extrajudicial de conflictos  salvo  que el comercio,  o el operador lo  acepte (y en la mayoría  de casos no lo hace).

 

Encontramos que esta Ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de conflictos, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa de conflictos, a las que pueden recurrir los consumidores y los empresarios para la solución de sus litigios. Dichas entidades serán “acreditadas” por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y por la propia Comisión Europea.   Por lo que se convierten en residuales las resoluciones extrajudiciales de conflictos realizadas por instituciones de mediación y/o por personas mediadoras particulares, ya que no podemos olvidar que en todos los casos, los procedimientos siempre deberán ser gratuitos para el consumidor.

 

Hemos de recordar que la Comisión Europea, a través del TJUE y del  TEDH  ha puesto en evidencia que el sistema legislativo español es un sistema muy deficitario en los derechos de los consumidores, habiendo hecho modificar la Ley Hipotecaria española . Es por ello que encontrándose incluidos dentro de los conflictos de consumo los que afectan a créditos hipotecarios, pólizas de crédito y préstamo al consumo, así como los relativos a operadores de telefonía, operadores aéreos y publicitaria, ha sido la propia Comisión Europea quien  de alguna manera han impulsado  esta Ley 7/2017.

 

El procedimiento estrella en esta ley queda destinado a los procesos que se deriven del “ámbito de la actividad financiera”.  Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero, será creada por ley, y comunicada a la Comisión Europea, tras su acreditación por la autoridad competente, una única entidad con competencias en este ámbito.  Esta ley obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha entidad de resolución alternativa de litigios para el ámbito de su actividad. 

 

Así, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley que regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones. Desapareciendo así las mal llamadas “mediaciones hipotecarias”. Esperemos que esa nueva ley salvaguarde los derechos de los consumidores implementando resoluciones alternativas con la seguridad jurídica que se merecen estos sistemas no adversariales. Entonces, nos preguntamos:  Podemos las entidades de mediación y/o los profesionales en mediación ya mediar en temas de consumo con esta Ley?   La respuesta nos la dará el tiempo, ya que la ley muestra trato desigual para las diferentes clases de conflictos en consumo, tanto en los operadores que pueden realizar los procesos de resolución extrajudicial como en los mismos procesos (unos tienen resultado vinculante y otros no).   Expectativas al menos sí se han generado, ahora veremos si nos dejan espacio para  materializarlas.

 

Ana Cobos

Abogada colaborativa y Mediadora

Presidenta FAPROMED

 

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